CÓMO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CREÓ UN ESTATUS NOVEDOSO DÁNDOLE VIDA A UNA JURISPRUDENCIA NEFASTA DE CARA AL FUTURO... si los medios quieren evadir nosotros, a cambio de ser bien tratados, estamos para bancarlos




En la recordada audiencia pública de amicus curiae convocada por la Corte Suprema de Justicia en agosto del año pasado a fin de determinar la constitucionalidad de la ley de Medios, uno de los abogados en representación del Grupo Clarín, Damián Cassino (el pelirrojo), intentó esbozar el argumento de que la libertad de expresión era proporcional a la solvencia económica del medio periodístico. "Se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y la afectación a la sustentabilidad afecta la libertad de expresión". Tal dislate produjo que Ricardo Lorenzetti le repreguntara: "¿La ley afecta directa o indirectamente la libertad de expresión?", Cassino respondió balbucenate: "Indirectamente".

En el fallo del martes pasado, la Corte resolvió reponer y extender la medida cautelar en favor, fundamentalmente, del diario La Nación por la magnitud de la deuda que mantiene con el fisco y que asciende a 280 millones de pesos. En los considerandos del fallo la relación entre sustentabilidad económica y libertad de expresión se destaca en reiteradas oportunidades. "Amenaza a la libertad de expresión", "política fiscal discriminatoria", son algunos de los términos utilizados en el fallo.

En el punto 14 dice: "Que, asimismo, la magnitud de los montos involucrados en esta causa y las graves consecuencias que podrían derivarse de la decisión que se recurre ponen en riesgo de desaparición a las empresas del sector, configurando así el requisito de peligro en la demora que justifica el mantenimiento de la medida cautelar". En definitiva, la Corte atiende e incorpora a prácticamente todas las demandas de las empresas periodísticas beneficiadas por la extensión de la cautelar.

En la decisión de extender la medida cautelar que lleva once años de vigencia, la Corte contradijo lo expuesto por ella misma en 2011, cuando expresaron conveniente que se fije un límite razonable para la vigencia de las cautelares a fin de evitar el abuso en los plazos que por la imposición de las mismas se extiende perjudicialmente en resolver las cuestiones de fondo planteadas. Así fue como se pronunció respecto de la estrategia que el grupo Clarín utilizó para demorar la plena aplicación de la ley de medios durante cinco años.

Otro aspecto que el fallo de la Corte evita tratar y analizar es si la situación de crisis existente en el año 2001, que llevara al gobierno de la Alianza a promover los acuerdos de competitividad permitiéndoles a las empresas periodísticas computar las contribuciones patronales como crédito fiscal para el IVA, es aplicable al menos a partir del año 2008 en adelante. La emergencia del año 2001 fue superada hace muchos años. La Nación, como los otros medios que en una muy inferior medida se encuentran aferrados a una medida de excepción como la del 2001, tuvieron muchos años para resolver sus crisis económicas y financieras.

El diario La Nación es una empresa privada dedicada a la explotación de un medio de comunicación que persigue determinada rentabilidad. Al amparo de la libertad de prensa, exige que ante una situación de insolvencia, de crisis económica, de deudor ante el fisco, el Estado articule medidas de salvataje y protección de sus intereses económicos en nombre de la defensa de la libertad de expresión. Este tipo de prerrogativas no llega a ningún otro sector de la actividad privada. Fábricas, empresas de servicios o del rubro que sea, ante determinada situación de insolvencia lo que le espera, tarde o temprano, es el quebranto.

Sin embargo, el diario La Nación, abanderado de la libertad de empresa, de la propiedad privada, de la no intervención del Estado en el ámbito privado, del libre mercado, de la seguridad jurídica, se ampara en los resortes estatales y artilugios judiciales para exigir un tratamiento preferencial.

En cuanto a los defensores de la república, a los que se proclaman como la reserva moral contra la corrupción, los que habitualmente demuestran su preocupación por defender el bolsillo de los ciudadanos, alegando y amparándose en el derecho a vociferar que con sus impuestos les pagan el sueldo a todos aquellos que trabajan en el sector público, fundamentalmente políticos, funcionarios, o empleados estatales, en buena hora es que incluyan al diario La Nación entre los beneficiarios de sus impuestos. Porque, como están las cosas desde el año 2001, a La Nación le pagamos entre todos.


Fuente: Tiempo Argentino

Comentarios

  1. Ya no se puede creer. Esto si que es indignante por donde se lo mire. Y los medios (además honestos) que se tienen que bancar a pulmón que podrían decir?

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