FLEXIBILIZACIÓN: LIGADURA DE TROMPAS COMO VARIABLE LABORAL: Propuesta programática neoliberal, occidental y cristiana para favorecer y mejorar el empleo femenino.





por Juan José Téllez para Diario Público



Se supone que el Círculo de Empresarios era una alternativa dinámica a la CEOE. Y que su actual presidenta, Mónica de Oriol, a decir de quienes le conocen, un ejemplo de mujer emprendedora y tenaz. Pero, o se equivoca a la hora de expresar sus pensamientos o se equivoca al pensar lo que expresa. Lo cierto es que cada vez que habla sube el pan.
Esta semana, sin ir más lejos, afirmó que prefiere contratar a mujeres mayores de 45 o con edad inferior a 25 por el inadecuado amparo que las leyes brindan a las mujeres trabajadoras: «Si una mujer se queda embarazada y no la puede echar durante los once años siguientes a tener a su hijo, ¿a quién contratará el empresario?», se preguntaba ante la más o menos perpleja audiencia de una convención.
O sea, que el problema es de la ley y no de los empresarios, pero terminan por padecerlo las de siempre, las últimas de la fila, las que se le exige un nivel de dedicación que no se les demanda a los hombres. Esa protección legal de la mujer, a su juicio, “la desvincula del alineamiento con los intereses de la empresa”. El machismo reinante en el Ibex 35 le estaría aplaudiendo con las orejas si hubiera seguido su intervención por streaming. La desconecta del “esfuerzo diario”, proclamaba al tiempo que auguraba que «un Recursos Humanos elegiría antes a un hombre que a una mujer». O séase, que la solución es desprotegerla legalmente para que pueda obtener un curro. O, quizá mejor, cuando se presente cualquier oferta de empleo no sólo se valorará la apariencia, como ocurría antiguamente, sino la ligadura de trompas. Y, puestos a ello, una declaración jurada de renunciar al matrimonio o un certificado de no ser víctima del VIH.
De ahí el alto número de mujeres que se acogen a la jornada reducida y que debe ser pernicioso a juicio de Mónica de Oriol, quien confesó que entró en el consejo de administración de Seguriber por la cuota mínima de presencia femenina que se exige, entiende ahora que para que las mujeres lleguen a altos cargos directivos no hacen falta leyes, sino sacrificios: «Cuando le dices a una mujer de 35 años si quiere volver tarde por la noche y viajar constantemente, la realidad es que no. Llegar a puestos directivos no se consigue con cuotas o regulaciones, sino con que la mujer sepa que un puesto directivo requiere sacrificios», de ahí que recomienda a cualquier fémina que aspire a ser alta directiva que «se case con un funcionario o con un marido al que le gusten mucho los niños». En la barra de los bares y en las paradas del bus, habrá mucho que consideren razonables sus palabras. Y eso es lo terrible.
A la sucesora de Claudio Boadas, al frente del Círculo de Empresarios, lo que le preocupa realmente es la productividad porque, en el fondo, quizá sueñe con ser empresaria en Corea, en India o en China, con una numerosa mano de obra a la que no le importen demasiado los derechos adquiridos. Las leyes españolas y europeas, desde su punto de vista, “en vez de favorecer a la mujer, la están condenando”. Hay que vincular su empleo a la productividad, remachaba en estos días con el habitual regocijo del esclavismo patrio.
Ya hace unos meses, Mónica de Oriol descolló ante la opinión pública al reclamar que se bajase el salario mínimo interprofesional a los trabajadores menos cualificados porque quienes ni estudian ni trabajan sirven para nada. Y, claro, tampoco le gustan las prestaciones actuales por desempleo porque favorecen el “parasitismo” de los parados. Luego, eso sí, pidió perdón en el blog de Seguriber por algunas de sus apreciaciones al respecto. Por lo de las mujeres, hasta ahora no lo ha hecho.
La empresa que ella preside ofrece servicios de seguridad, limpieza, jardinería o mantenimiento y tiene distintos contratos con las administraciones, entre ellos algunos planes piloto para mejorar la seguridad en las cárceles: ¿tal vez contratando a vigilantes privados como los que su empresa empleaba como guardaespaldas en el País Vasco, en un negocio estrictamente empresarial que está privatizando la seguridad de nuestras penitenciarías? Sus trabajadores suelen quejarse de condiciones precarias, ¡qué raro! También, en su día, alguien se encargó de subrayar que dicha firma era la responsable de la seguridad del tristemente célebre Madrid Arena durante aquella fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012 en la que murieron cinco jóvenes. Sin embargo, a ella no se le llegó a imputar por el suceso aunque tres de sus empleados se sientan en el banquillo.
“Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros”, sentencia Seguriber en su página Web. Al Gobierno también debería preocuparle y empezar a investigarla porque quizá esté aplicando bajo cuerda la doctrina de su presidenta y excluya de su nómina a las mujeres en riesgo de embarazo.
No está sola.-
Lo peor de Mónica de Oriol es que no está sola. A escala política sucede con harta frecuencia que se menosprecie a las mujeres, como ocurriera durante la campaña a las elecciones europeas con Miguel Arias Cañete, el candidato del PP y ahora aspirante a comisario. Tras un debate televisivo con la candidata socialista Elena Valenciano, aseguró que si el hombre demuestra “superioridad intelectual o la que sea” da una impresión “machista” ante una “mujer indefensa”. Resulta llamativo que –no es la norma, desde luego—muchas mujeres padezcan una suerte de síndrome de Estocolmo respecto al patriarcado. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, llegó a poner en solfa las cuotas femeninas en puestos de responsabilidad. Ella, se ufanó, no se siente discriminada, aunque un preboste socialista también incurriera en un comentario machista hacia su persona cuando le recriminó que no pasara la aspiradora en su partido, en alusión al caso Gurtel.
Todo ello ocurre en un país en donde un tertuliano puede llamar “guarra” y “zorra repugnante” a una consejera catalana por promover una campaña de información sexual en internet dirigida a adolescentes, o en donde Toni Cantó, diputado de UPyD, llegó a tuitear, antes de arrepentirse por ello, que “la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no las persiguen”. Por no hablar del alcalde de Valladolid, Javier Léon de la Riva, que hace unos meses también elevó a la enésima potencia las denuncias por violaciones falsas y mostró su temor a compartir el ascensor a solas con una mujer porque podría “arrancarse el sujetador o la falda y salir dando gritos” para buscarle las vueltas y culparle de intento de agresión.
Sin embargo, el mayor problema no son las palabras sino los hechos. Antes de la llegada del Partido Popular a la Moncloa en 2011, España era uno de los países abanderados en políticas de igualdad a escala mundial, aunque siguieran existiendo posos abisales y brechas descomunales en materia de género. Ahora, empezamos a militar abiertamente entre los retrógrados. So pretexto de contener el déficit, los conservadores españoles están conteniendo los derechos, aunque hayan tenido que dar marcha atrás in extremis a la reforma de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva que redactara la ministra Bibiana Aido, uno de los principales blancos –o blancas– del machismo patrio y de la caverna mundial.
El PP ha reducido hasta el ridículo los presupuestos en materia de Políticas de Igualdad o los que se refieren a la Ley de Autonomía Personal, la de dependencia. Ha roto los acuerdos con las ONGs que permitían prestar servicios como los de numerosos Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia, al tiempo que la nueva ley de régimen local, contraviniendo diversas convenciones supranacionales firmadas por España, excluye la igualdad de las competencias municipales. O sea, que ya no será obligatorio prestar servicios como los Centros Municipales de Atención a las Mujeres, la primera ventanilla frente a la humillación y el maltrato. Su apuesta por la familia tradicional, también ha supuesto el desguace de numerosos institutos de la mujer, a escala estatal y autonómica, entre otros saqueos normativos.
El Informe Sombra.-
La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en su acrónimo inglés) llevó a la creación, también en España, de una plataforma compuesta por 50 organizaciones de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos de todo el Estado, acaba de presentar un informe ante la ONU, refrendado por más de 260 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, en el que se evalúa la equidad de género en nuestro país.
Se trata del denominado Informe Sombra, que realiza un proceso de seguimiento y evaluación de dicha Convención que durante el pasado mes de julio, emitió una condena a España por no haber protegido a una víctima de violencia de género ni a su hija, una menor que terminó siendo asesinada. El documento suele ser la respuesta a los datos oficiales. Este, en concreto, surge frente al informe oficial del gobierno español que, hace un par de años, decidió cerrar la oficina de ONU Mujeres en Madrid, aunque no le supusiera coste presupuestario alguno.
La principal conclusión de la Plataforma CEDAW Sombra España es que, lejos de cumplir con la Convención, el Estado español está llevando a cabo un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad. Así, se denuncia la persistencia de discriminación y carencia de medios en la lucha contra toda clase de violencia de género, ya que se reduce al ámbito de la pareja o de la ex pareja, ignorando como tales otro tipo de agresiones sexistas. Que tampoco existe acuerdo que garantice un estándar mínimo de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención a las víctimas de violencia de género, lo que se ha traducido en una disminución de la calidad y los servicios. Que no haya investigación de oficio cuando las víctimas no son capaces de aportar pruebas respecto a la agresión sufrida, al pervivir estereotipos de género en ámbitos tradicionalmente masculinos como el judicial y el policial. Iguales parámetros se extienden a la trata, ya que no hay un reconocimiento específico del estatuto formal de víctima, ni se aplica el principio internacional de no devolución.
Si en materia de salud, el copago, el fin de la prestación universal o las indicaciones en materia de anticonceptivos, golpea claramente a la mujer la LOMCE sería un claro ejemplo de esta política a la baja en materia de igualdad en el plano docente. La nueva ley de educación ni siquiera menciona su fomento en el ámbito escolar y sigue sin cumplirse la recomendación 18 del informe del Comité de implantar programas específicos sobre igualdad de género en el sistema educativo, así como la capacitación del profesorado en esta materia. Sobre todo, teniendo en cuenta que la LOMCE justifica que no es discriminatorio segregar por sexos, y se constata que este tipo de centros reciben financiación pública.
Así, la reducción de ayudas, de becas escolares y de comedor redunda en más carga de trabajo para las mujeres, algo que se incrementa con la eliminación del Plan Educa 3 de educación entre 0-3 años. O se invisibiliza a las mujeres que han protagonizado la historia en la totalidad de las asignaturas del currículum oficial.
Desde que se creara el ministerio de Igualdad hasta hoy, en los últimos cuatro años, el organismo defensor de dichas políticas ha descendido tres rangos en el escalafón: de ministerio a secretaría de Estado y, con el PP, a dirección general. Además, ha estado casi dos años sin un Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las cifras cantan: el presupuesto del Estado para igualdad ha sido recortado en un 49% y el de las Comunidades Autónomas un 32% de media.

Antes de la llegada de los conservadores, en determinados parámetros, tampoco estábamos para tirar cohetes: en 2010, España era el país europeo con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral (tras Luxemburgo, Malta y Chipre) y cada mujer venía a dedicar al hogar unas 4,29 horas diarias por las 2,32 horas que le dedican los hombres. La situación, con todo, ha empeorado notablemente.
De hecho, el Informe Sombra –que analiza el periodo entre 2008 y 2013—carga las tintas en que el deterioro del mercado de trabajo ha incidido mucho más en las mujeres: “tienen mayor participación en la economía informal, salarios más bajos y mayores lagunas a lo largo de su vida laboral”, resumen los promotores del informe a sabiendas de que la tasa de empleo femenina en 2012 no llegó al 39%, 10 puntos por debajo de la masculina. Entre 2008 y 2013 el desempleo femenino se duplicó pasando del 13 al 27%. Lo cierto es que el 72,5% de la personas con contrato a tiempo parcial son mujeres. O sea que, como suele afirmar Mariano Rajoy, Mónica de Oriol y el Gobierno, en el fondo, están remando en la misma dirección. Para fomentar su empleo, se admiten apuestas, terminarán aboliendo la protección legal a las mujeres embarazadas.

Comentarios

  1. Hay que empezar a premiar la NO-PROCREACIÓN, en vez de premiar a los lúmpenes para que se reproduzcan como ratas. Nacen aproximadamente 700000 personas por año en Argentina, cuando debería nacer como mucho 1/3 de ese número. Ya no existe ese mundo donde era menester que nacieran muchos para fomentar el desarrollo económico ( esto es, tener mano de obra barata) y consolidar la soberanía sobre un territorio. Lamenteblemente, el kirchnerismo, a través de la AUH, está generando las condiciones propicias para un desastre demográfico y social en el futuro inmediato. Y lo peor de todo, es que el próximo gobierno, posiblemente de otro signo político, va a sufrir la "herencia de Ceaucescu".

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