Dinamitar Cortes Supremas de Justicia. Una especialidad del Grupo Macri. Por Miguel Ángel Bayón, para La Tecl@Eñe.
Miguel Ángel Bayón, Arquitecto.
Ex Director de Obras Públicas y ex
Subsecretario de Planeamiento Desarrollo e Industrias de la Municipalidad de
Necochea. Recientemente presentó el libro “Puerto Quequén, La Batalla
Perdida de Mauricio Macri”. En la Biblioteca Popular de Coronel Dorrego se desarrolló uno de los tanto encuentros en donde Barón disertó sobre el texto.
El 8 de agosto de 2002 la Suprema Corte de Justicia
presidida por Julio Nazareno aplicó la “mayoría automática menemista” y
confirmó el sobreseimiento de Franco Macri en la causa por evasión impositiva a
través de la operatoria de exportación de autopartes de Sevel Argentina vía
Sevel Uruguay. Las presiones de Mauricio y Franco Macri al Estado nacional y al
sistema Judicial demostraron ya en la década de los 90 que el accionar de
la familia Macri constituye un modus operandi afirmado en el sentido de impunidad
que le otorga su poder económico, y en las profundas vinculaciones entre La
Familia y el poder judicial.
La direccionalidad de múltiples
actitudes y declaraciones del presidente Macri, como de sus funcionarios, han
conducido al bochornoso fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
rebaja penas a represores en delitos de lesa humanidad, fallo conocido
popularmente como del 2 x 1. Esto ha generado una reacción de rechazo,
proporcional a los perjuicios que dicha resolución ha generado en la histórica
lucha del pueblo argentino en materia de Derechos Humanos, a tal punto que pone
a tres miembros de la Corte al borde de un juicio político, o a su implosión
por desprestigio absoluto.
Esta situación no es novedosa en el accionar de la familia Macri,
constituye una práctica afirmada en el sentido de impunidad que le otorga su
poder económico y sus convicciones. Para ello no dudan en sacrificar a quien
sea, como demuestra este antecedente que paso a relatar.
Década
del 90 - Evasión Impositiva y práctica monopólica.
Durante el gobierno menemista, no obstante el proteccionismo y
beneficios que recibían, las automotrices de los Macri seguían sin equiparse,
sin aumentar la producción al ritmo que el mercado requería y, mucho menos,
bajar los precios de los vehículos que lanzaban al mercado. Fue entonces cuando
el Ministerio de Economía crea un régimen especial de importación de autos por
parte de particulares. Consistía
en un beneficio por el cual los compradores quedaban eximidos de pagar el 8% de
IVA estipulado para las importadoras más un 3% por impuesto a las ganancias.
Pero una vez más, Franco y Mauricio apuestan a las súper ganancias sin realizar
el esfuerzo de las inversiones necesarias. Para ello realizan una inteligente
estrategia de aprovechamiento de esta resolución a su favor, apoyados en el
“poder paralelo” construido con funcionarios “amigos” colocados en estamentos
claves del Estado, muchos de ellos ex miembros de su staff empresarial.
Vamos a los hechos: En enero de 1994 el juez de San Martín Roberto
Marquevich, siguiendo una denuncia del prestigioso equipo de la DGI dirigido
por Ricardo Cossio, que integraban también Luis María Peña y Carlos Tacchi,
detecta maniobras de importación de automóviles a nombre de particulares a
través de Opalsen S.A. y Rinatur, desconocidas concesionarias que eran parte de
una triangulación para usufructuar los beneficios impositivos que otorgaba la
Resolución de Cavallo. Veamos cómo se concretaba la estafa: Sevel Argentina
exportaba a Sevel Uruguay autopiezas, esas exportaciones eran declaradas como
definitivas para hacerse acreedores al reintegro del 20% de los impuestos por
exportación. Sevel uruguaya ensamblaba las autopiezas, Opalsen vendía desde
Uruguay los vehículos terminados, las concesionarias argentinas de Sevel las
registraban como “importación directa para personas individuales” con lo que se completaba el círculo
fraudulento al hacerse acreedor al beneficio que el nuevo régimen de
importaciones establecía para particulares, Opalsen y Rinatur giraban al
exterior la diferencia documentando falsamente las remesas. Resumiendo: el paquete de beneficios logrados
comprendía: el 40% de desgravación impositiva, más 20% por reintegros a la
exportación, más 8% de IVA, más 3% por ganancias, más lo que dejaba el
falseamiento del valor real del vehículos. Según la DGI, Sevel evadió unos 55
millones de pesos-dólares del año 93 al 95, siendo Mauricio Macri presidente de
la empresa. Para la DGI esto era evasión fiscal.
Mauricio Macri presiona por una intervención del Estado ante la
difusión pública de estos hechos. Tal era la influencia de los Macri que el
director de la Aduana y el propio ministro de Economía debieron salir a bajar
el tono de las denuncias, éste último se gana el mote del “loco Cavallo” pues
cruzando todo límite de la mesura recorre los más importantes medios de
comunicación tratando de tapar un debate que resultaba imparable. El “poder paralelo” de Sevel y los Macri había logrado
poner en crisis no sólo al gobierno, sino también al sistema de ideas que lo
sostenía.
La discusión entre los economistas liberales, empresarios y
periodistas más reconocidos del establishment no se centraba sólo en la evasión
impositiva, sino fundamentalmente en el régimen de protección automotriz. ¿Cómo
se le explicaba a Doña Rosa que el mismo Fiat que en Italia se conseguía por
5.000 dólares, en Buenos Aires debía pagarse 15.000? ¿Por qué la
industria automotriz debía regirse por una suerte de proteccionismo, mientras
el resto de la economía y la industria se regían por la apertura y la libre
competencia?
Los Macri, que se sentían impunes, publicaron mentirosas
solicitadas sosteniendo que “Sevel no tiene intereses en Opalsen… Sevel no ha
evadido impuestos… Sevel no conoce a la firma Rinatur”.
Mauricio Macri presiona nuevamente a Cavallo para que hiciera
retirar la denuncia de la DGI; esto se evaluó como imposible porque los hechos
ya habían tenido mucha trascendencia. Cossio ofrece una solución intermedia:
rebajar el monto reclamado haciendo una nueva liquidación que omitiera incluir intereses
y multas. Según el primer informe de la DGI presentado
en la causa, la fraudulenta importación generó un perjuicio al Fisco de unos
36.263.000 pesos-dólares, en el segundo informe la DGI baja lo reclamadoa
8.356.386 pesos-dólares. Sevel paga en base a este segundo
informe y solicita sea considerada extinguida la acción penal; el Tribunal como
era de esperar, los sobreseyó definitivamente. De acuerdo a la ley penal
tributaria vigente, las causas por delitos fiscales extinguían con el pago de
la deuda.
No conformes con ello, en septiembre de 1995, hacen diseñar a
Cavallo, especialmente para este caso, el escandaloso Decreto 493 por el cual
se condonan los intereses y multas a quienes “hayan cancelado el capital con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto”. Es tal el nivel de
coincidencias con la situación de Sevel, que el citado decreto, se lo conoce
como “moratoria Sevel”, y se la estudia en las aulas como caso fundante de una
modalidad de beneficio desmesurado hacia grandes contribuyentes en falta. Una
vez más, la justicia era impuesta por el poder real.
Franco Macri confiesa ante los jueces poseer el 85% de las
acciones de Opalsen, titularidad que ejerce a través de una sociedad off shore
que gira bajo la denominación de Magnum. Los apoderados de la firma Rinatur,
Hugo Berdina y Miguel Ortner, eran además directores de Sevel. Por último la
empresa que actuó como despachante de Aduana, Comosaquic S.A. era presidida por
Enrique Siquier, gerente de Sevel.Opalcen, Rinatur y Comosaquic eran Sevel… y
Sevel eran los Macri.
A consecuencia de la balacera mediática cae Tacchi, quien debe
presentar su renuncia tal como lo había exigido Mauricio. Saúl Bauer,
intendente de Buenos Aires, hace lo mismo porque como “liberal” no podía
soportar un proteccionismo corrupto.
El 10 de marzo de 1991 el Juez Marquevich procesa a Franco Macri,
éste apela a la Cámara Federal de San Martín, que confirma el procesamiento
sosteniendo: “Macri no pudo menos que ser consciente que su actuación… es
evidente que Sevel resolvió intervenir en el mercado a fin de tener decisiva
influencia en la fijación del precio testigo, ya que un accionar pasivo
permitiría no sólo el ingreso de los automotores importados a precios
inferiores a los fabricados por su industria sino también porque ello incidiría
negativamente en las ventas de rodados producidos por Sevel”.
Los Macri habían logrado que la industria automotriz fuese la
única que vendía sus productos al doble del costo que en el resto del mundo,
sin financiación y con demoras en la entrega. “El plan de reconversión lleva
tiempo”, se excusaba descaradamente Mauricio Macri, como presidente de Sevel.
Contrabando
y juzgamiento a Franco Macri
Franco y Mauricio creyeron que el tema judicial era “cosa juzgada”
por el hecho de haber pagado. Pero se encontraron con que el Juzgado Federal de
Concepción del Uruguay decidió seguir adelante con la causa, ahora por
contrabando, consideraba que la evasión fiscal y el contrabando eran hechos
independientes. Citan a declarar a Franco Macri, quien apela ante la Cámara
provincial pero ésta rechaza su pedido. Dispuesto a llevarse por delante a la
Justicia, presenta un nuevo recurso ante la Cámara Federal que vuelve a denegar
la solicitud. Los imputados insisten reclamando un “recurso de queja” ante la
Cámara Nacional de Casación Penal que decide sobreseer a Franco Macri.
El fiscal Romero Victorica insiste con un recurso extraordinario y
otro de queja, ante la Corte Suprema. El fallo de la Corte presidida por Julio
Nazareno aplicó la “mayoría automática menemista” y confirma el sobreseimiento
de Franco. Este dictamen del 8 de agosto de 2002 genera un escándalo por la
pobreza de argumentaciones y arbitrariedades.
Aparecen
más pruebas que involucran a Mauricio Macri
Mientras la causa por evasión fiscal ocupaba los espacios de todos
los medios de difusión, otra investigación se estaba gestando desde la DGI:
Rastreando en los depósitos de la Aduana descubren que en 1.300 casos, los
números de chasis de motores que se exportaban a Uruguay coincidían con los de
los de automóviles que ingresaban de ese país. La Fiscal Gabriela Ruiz Morales
presenta la denuncia en el Fuero Penal Económico; luego de un año de
investigaciones llega a una clara conclusión: las automotrices exportaban
autopartes a sus filiales en Uruguay e ingresaban autos armados. La maniobra
perseguía tres tipos de beneficios ilegales: Recibir reintegros por las
exportaciones de las autopartes, ingresar automóviles a nombre de particulares
para beneficiarse con las rebajas en el arancel de importación y lograr cumplir
con el equilibrio entre importación y exportación que exigía el régimen de
regulación de la industria automotriz y que fijaba altas multas por su
incumplimiento.
Nuevamente los Macri accionan sus mecanismos de protección: Hugo
Anzorregui montó un operativo de contra inteligencia para avisarle a las
empresas por dónde se realizarían las próximas inspecciones y Carlos Corach se
ocupó de que los juzgados no hicieran prosperar la causa.
Recién en octubre de 1997, con la merma del poder menemista, la
Fiscal logra realizar dos allanamientos, uno en la planta de Sevel en El
Palomar y otro en las oficinas de SOCMA. Allí secuestra documentación que
revelaba cómo era el original procedimiento. El juez Guillermo Tiscornia
procesó a dos altos directivos de Sevel pero no involucra ni a Franco ni a
Mauricio Macri. La Fiscal Ruiz Morales apela; a consecuencia de ello el juez
Tiscornia dicta el procesamiento de Franco, pero declara la falta de mérito de
Mauricio Macri y su tío Jorge Blanco Villegas.
La denuncia se amplió en 1999, cuando la Justicia investigó los
reintegros que cobraba Sevel por la venta de piezas a su filial uruguaya. La
fiscal continúa decidida a conseguir el procesamiento de “El heredero”. Y éste
nuevamente recurre a sus relaciones políticas, ya en el gobierno de la Alianza
apela a Enrique “Coti” Nosiglia. A pesar de las triquiñuelas jurídicas
intentadas, en febrero de 2001 el juez Carlos Liporaci procesó a Mauricio
Macri por contrabando agravado.
Mauricio apela ante el Tribunal de Casación que instrumentó un
ardid: considera extinguida la causa dado el retiro de la denuncia por la
Aduana y lo sobreseyó. El fiscal de Cámara fue en queja ante la Corte Suprema
de la Nación encabezada por Julio Nazareno, que escandalosamente avaló el
sobreseimiento al considerar que por haber pagado una ingente suma de dinero en
la causa de evasión, no correspondía investigar a la familia por contrabando en
las otras dos causas. Este fallo
fue una de las cinco causas que tomó la Cámara de Diputados para iniciar aquel
juicio político por sospechas de corrupción que terminó con la destitución de
la Corte Suprema menemista... en el otoño del 2004, se proclama la destitución
como Jueces de la Corte Suprema de Justicia a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor,
Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez, Juicio de Destitución que
llevó adelante el Congreso de la Nación. Franco y Mauricio
siguieron en pie a costa de la bochornosa y explosiva desaparición de la Corte,
demostrando una vez más quienes son los verdaderos dueños del PODER.
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