Veníamos mal con la cuestión minero-ambiental, pero el neoliberalismo logra que siempre se pueda estar, no peor... sino mucho peor...
Argentina: un acuerdo de
espaldas a la sociedad
Maristella
Svampa, Socióloga y escritora, profesora de la UNLP,
Investigadora Principal del Conicet y miembro de Plataforma 2012 y Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas, para Revista Sin Permiso
Son notorias y muy
alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero
firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una
fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en
realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero
netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la
Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.
Hace tiempo que la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes
transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un
lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia
la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa
ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las
luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los
escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue
de la actividad.
Así, ante la
evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que
prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el
acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas
primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de
marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las
escuelas públicas de todo el país.
El Acuerdo desconoce
también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la
actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto
constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al
respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en
glaciares y zona periglaciar.
Además de
consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el
acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era
capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace
tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este
tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de
definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No
se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una
normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones
provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la
democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.
Que la realidad es
más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo
demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas
las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes
jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel
(Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios
de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el
levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas.
Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes
considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron
en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.
Por otro lado, hay
que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que
cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos
socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron
reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de
un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.
En suma, dicho Acuerdo
no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además
instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios
ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas
actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta
ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen
la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.
Fuente:
O sea: Svampa y la Asociación de Abogados Ambientalistas piensan prohibir la actividad minera en todo el país.
ResponderEliminar¿La "licencia social" la tendría que otorgar quién? ¿Los que viven cerca, de los de la misma provincia, de los de todo el país?
Veo que están en contra de la minería netamente extractivista. ¿Cuál sería la minería no extractivista que les gustaría a esta gente?